Las medidas de
despedida que está adoptando el gobierno de Cartes dejan un sombrío
horizonte para las clases populares en Paraguay. Al mismo tiempo
despeja el camino de Mario Abdo Benítez que podrá ahorrarse al
menos un par medidas impopulares en sus primeros días de gobierno.
Las intervenciones
mediáticas de los jefes del equipo económico cartista en los
últimos días confirman que el Ejecutivo no pretende dar marcha
atrás en su polémico proyecto de crear una Superintendencia de
Jubilaciones. Esta ley es la puerta de entrada a una reforma
previsional que puede tener consecuencias nefastas para el sector
trabajador, además es la válvula de escape encontrada por Benigno
López, actual titular del Instituto de Previsión Social y futuro
jefe del equipo económico del gobierno de su hermano Abdo Benítez,
para obtener fondos ante la inviabilidad de continuar con el
endeudamiento externo que a estas alturas alcanza ya más de seis mil
millones de dólares, algo así como el 22% del producto interno
bruto.
Al apoderarse de los
fondos jubilatorios lo que hará el futuro gobierno, siguiendo la
impronta neoliberal de Benigno López, es transferir recursos a los
sectores más poderosos de la economía. El dinero será entregado a
entes financieros, se usará para comprar bonos que a su vez serán
destinados a pagar deudas con la banca internacional, se licitarán
obras para beneficiar al sector agroexportador y a las empresas
constructoras ligadas al poder; así se concretará el despojo de los
fondos jubilatorios para que ese dinero sea transferido a los
sectores concentrados de la economía.
En igual sentido
podemos sumar a esta medida la liberación total del precio de
combustible, que evidentemente generó una inmediata suba de los
precios del gasoil y la nafta y que a su vez llevará a un remarcaje
en el precio del pasaje y a la suba generalizada de precios, con la
consecuente perdida del poder adquisitivo del salario de la clase
trabajadora.
De vuelta esto
significa transferir recursos de los trabajadores a las grandes
empresas, mientras más pierden los trabajadores más acumulan los
grupos económicos concentrados en detrimento de las pequeñas
empresas locales y de la economía en general. El anuncio de qué el
reajuste del salario mínimo será de solo 80.000 guaraníes es el
complemento que faltaba para confirmar el enorme ajuste neoliberal
que evidentemente está pactado entre el gobierno saliente y el
entrante.
Este panorama
requiere que la ejemplar reacción del movimiento sindical para
oponerse a la Ley de Superintendencia de Jubilaciones se mantenga y
se extienda para defender los intereses más básicos de la clase
asalariada y para frenar el paquetazo que pretende imponer el
gobierno de Cartes y que continuará con el gobierno de Abdo Benítez
si el movimiento no le pone un freno.
Ampliar las
consignas de las movilizaciones convocadas incluyendo los reclamos
urgentes de la población y la defensa de la libertad sindical podría
ser el camino para sostener la unidad de acción en torno a este
programa mínimo que nos permita enfrentar las medidas antipopulares
y avanzar en conquistas de derechos para nuestra clase.
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